Hoy se cumplen cuarenta años de retorno a la democracia. El 30 de octubre de 1983 se produjo la vuelta de la libertad, del Estado de Derecho y la reinstauración del régimen democrático en nuestro país.
Quienes decidimos escribir este pequeño artículo, somos nacidos en la década de los noventa, es decir, nacidos en democracia al día de hoy, ininterrumpida desde ese 30 de octubre de 1983. No obstante, ambos sentimos una profunda nostalgia, respeto y conciencia histórica al recordar ese momento que marcó la vida de todos los argentinos y las argentinas, aun de aquellos que no vivimos las dictaduras cívico militares que atravesó nuestro país.
Somos la generación que nació al calor de toda la evolución jurisprudencial, doctrinaria y en materia legislativa que atravesó el Derecho estos cuarenta años de democracia, especialmente la reforma constitucional de 1994 que le otorgó dicha jerarquía a los tratados internacionales de derechos humanos a través del art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional. No desconocemos que nuestra democracia es joven, que costó mucho recuperarla y que la participación ciudadana es el único motor que materializa los cambios en la sociedad, fundamentalmente en la seguridad jurídica y en la construcción del derecho. Pese a la democracia que tanto nos costó lograr y construir, fue nuestra generación de letrados y letradas la que vivió los indultos que se decretaron a posteriori de los primeros Juicios a las Juntas Militares, el Informe 28/92 elaborado por la Corte Internacional de Derechos Humanos como respuesta a la petición de diferentes organismos de Derechos Humanos, la apertura de causa Plan Sistemático de Apropiación de Menores durante la última dictadura -no alcanzada por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, los Juicios por la Verdad, la Anulación de las Leyes de Impunidad por medio de la ley 25.779, la incorporación de la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad como Tratados de Derechos Humanos con Jerarquía Constitucional, la Declaración de Inconstitucionalidad de las Leyes de Impunidad por parte de la Corte Suprema de Justicia a partir del Caso Poblete Hlaczik, la segunda desaparición de Jorge Julio López, el procesamiento de la megacausa Operativo Independencia y el reciente dictado mediante una ley del Congreso de la Prohibición del 2×1 en Crímenes de Lesa Humanidad, Genocidio o Crímenes de Guerra tras haber otorgado la Corte Suprema dicho beneficio en el 2017 en el fallo “Muiña”.
Queremos subrayar además, que en estos últimos años, reconocemos como avance y otro logro democrático que en el año 2018, la Justicia de la Provincia de Buenos Aires, especialmente el Tribunal Oral Federal N°1 imputó por primera vez a responsables por la complicidad civil empresaria con la última dictadura, en el marco de la llamada causa Ford. También celebramos como logro democrático y de todos los argentinos, que de las 286 sentencias dictadas en causas vinculadas con el Terrorismo de Estado, 41 hayan contemplado la violencia sexual cometidos contra las mujeres durante la última dictadura militar según el último informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal, ello gracias al aporte del movimiento feminista argentino y especialmente a la Investigación realizada por CLADEM en forma del libro “Grietas del Silencio: Una investigacion sobre la violencia sexual en el marco del terrorismo de Estado”, que implicó que justamente el Estado haya reconocido en diferentes sentencias que se dictaron a lo largo y ancho del país a la violencia sexual que sufrieron las mujeres y las personas trans como delitos de lesa humanidad. En el orden provincial, como avance en pos de reconocer derechos que el retorno a la democracia nos ha dado, la ley 13.298 presentada en la legislatura santafesina en el año 2012 otorgó el derecho a una pensión a personas trans detenidas durante la última dictadura.
Al calor de estos vaivenes jurisprudenciales que se correspondieron con los diferentes contextos políticos y económicos fue que hemos crecido y correlativamente, nos ha formado como profesionales del Derecho y como ciudadanos argentinos que integran una sociedad democrática. A fuerza de diferentes crisis que atravesó nuestro país, en este cuadrigésimo aniversario de retorno al Estado de Derecho y a la preservación del orden institucional, insistimos en que ser buenos profesionales del derecho implican asimilar la defensa de la patria y de la democracia como sinónimos, a comprender e internalizar el Preámbulo de la Constitución con el que Alfonsín cerraba su acto hace cuarenta años atrás cuando las libertades del pueblo eran devueltas, como ese rezo laico que nos obliga a no ser neutrales e indiferentes cuando pretenden quebrar el orden democrático o propagar que el Estado no otorgue salud, educación y justicia. Hoy mas que nunca y en respeto de todas las diversidades ideológicas y/o partidarias que entre colegas podamos tener: desde Feldman y Asociados reafirmamos que con la democracia se come, se cura y se educa, que sean eternos los laureles (derechos), que supimos conseguir y por los que hemos jurado desempeñar fielmente la profesión de abogados.